El 18 de septiembre marca el final del Estado de excepción en Bolivia, una medida que prohíbe los bloqueos en el territorio nacional. Ante este panorama, se ha generado un intenso debate sobre si esta disposición debería ser ampliada, considerando la posibilidad de movilizaciones programadas para octubre.
La diputada Lissa Claros, de la agrupación Libre, subraya que cualquier decisión sobre la prórroga del Estado de excepción debe ser evaluada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no puede basarse únicamente en un análisis de una comisión. Según ella, se necesita un informe del Ejecutivo que explique la situación tras tres meses de vigencia de esta medida.
Clarificó que "esta prerrogativa es de la Asamblea Legislativa. Primero, debe elaborarse un informe. Es necesario que Rodrigo Paz comparezca ante el Parlamento para explicar su evaluación durante estos tres meses", enfatizando que el análisis debe ser más profundo y no limitado a un solo grupo de trabajo.
Por su parte, el diputado Alejandro Medinaceli, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la posibilidad de prorrogar el Estado de excepción, argumentando que no es solo una decisión del Gobierno sino una respuesta a diversas solicitudes y preocupaciones sobre las movilizaciones anunciadas por varios sectores en las próximas semanas.
Medinaceli expresó que se han manifestado inquietudes sobre el impacto que estas movilizaciones podrían tener en la economía nacional, lo que ha llevado a algunas organizaciones sociales a solicitar la continuación de esta medida como una forma de asegurar la estabilidad del país.
