La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha solicitado al gobierno que se tomen medidas inmediatas para reforzar la seguridad en San Ignacio de Velasco, incluyendo la militarización de áreas consideradas peligrosas debido al incremento de asesinatos, presuntamente ligados al sicariato y al crimen organizado.
María René Álvarez, presidenta de la ALD, criticó la eficacia del plan Fronteras Seguras y destacó que la presencia del Estado en las zonas fronterizas sigue siendo insuficiente. Álvarez hizo un llamado a implementar acciones más efectivas para frenar la expansión de la violencia en las comunidades.
La inquietud de la población se intensificó tras el asesinato de dos hombres en San Ignacio, ocurrido el pasado domingo con solo 15 minutos de separación. Según informes de la Policía, uno de los fallecidos no poseía antecedentes penales, mientras que el segundo podría estar vinculado a una facción del Primer Comando de la Capital (PCC).
La ALD también ha propuesto la suspensión temporal de las clases presenciales, en respuesta al miedo de los padres y a las marcas que han aparecido en viviendas y escuelas, las cuales, según las autoridades locales, podrían estar relacionadas con organizaciones criminales brasileñas. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente el significado o el origen de dichas marcas.
Este pedido se hace mientras el Gobierno ha confirmado el envío de fuerzas especiales militares a San Ignacio de Velasco. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que las tropas estarán en la región el tiempo necesario, dadas las amenazas de grupos criminales que buscan controlar el territorio.
La ALD enfatiza que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y exige una presencia constante del Estado, así como un mayor control y acciones decididas contra las estructuras del crimen que operan en la zona.
