El Gobierno está considerando ampliar el estado de excepción en Bolivia por un periodo adicional de 90 días, medida que ha estado vigente desde el 20 de junio. Este cambio podría impactar negativamente el avance de las propuestas para reformar la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto que ahora se enviará al pleno y, posteriormente, a la Asamblea Legislativa.
La importancia de esta decisión radica en que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar una reforma constitucional mientras haya un estado de excepción vigente. Si se concreta la prórroga, los proyectos de modificación constitucional quedarían suspendidos por el tiempo que dure esta medida excepcional.
Declarado el 20 de junio, el estado de excepción surgió tras 53 días de bloqueos y conflictos sociales. El Gobierno argumenta que persisten riesgos de nuevas movilizaciones que podrían desestabilizar la situación. Alejandro Medinaceli, diputado oficialista, señaló que esta ampliación es necesaria para garantizar la estabilidad lograda tras los recientes conflictos.
Sin embargo, esta decisión ha generado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, advirtió que prorrogar el estado de excepción durante tres meses más significa posponer una reforma constitucional que considera esencial. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción… implica no tratar lo necesario por otros tres meses más", declaró Quiroga.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha resaltado que el estado de excepción es una medida temporal que no aborda las raíces de la conflictividad, como los inconvenientes relacionados con el combustible y el aumento del costo de vida.
Así, mientras el Gobierno intenta mantener el control ante posibles protestas, la cuestión de la reforma constitucional se encuentra nuevamente en un estancamiento debido a la coyuntura política.
