Roxana Lizárraga Vera, quien es esposa de Ramiro Vega, abogado del asesor presidencial Fernando Cerimedo, tiene antecedentes judiciales en Bolivia por corrupción. Lizárraga ocupó el cargo de ministra de Comunicación durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Uno de los casos que la involucra es por enriquecimiento ilícito, donde se la acusa de realizar 182 depósitos bancarios irregulares que suman un total de Bs 247.072. Según la fiscalía, estos movimientos no tienen justificación en relación con sus ingresos y bienes. El 15 de agosto de 2024, fue condenada a cuatro años de cárcel por un tribunal anticorrupción en La Paz.
Además, Lizárraga está relacionada con el denominado "Caso Gases", que investiga la adquisición irregular de agentes químicos en la gestión de Áñez. En febrero de 2025, el Gobierno anunció otra condena contra ella y otros exministros, como Arturo Murillo, en la que se menciona un perjuicio económico al Estado de más de 2 millones de dólares.
Este contexto vuelve a ser relevante tras la defensa que Ramiro Vega ha hecho de Cerimedo, quien ha criticado al Ministerio Público, sugiriendo que las acusaciones son parte de una estrategia política. Se observa que las declaraciones de Vega pueden tener similitudes con los argumentos que Lizárraga utilizó durante su gestión como ministra.
A pesar de la controversia, el informe enfatiza que las acusaciones contra Cerimedo deben ser evaluadas por las instancias correspondientes respetando el principio de presunción de inocencia.
