La diputada Claudia Bilbao, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha sido objeto de críticas tras la difusión de una publicación en redes sociales que la vincula con un total de 27 propiedades registradas en Derechos Reales. Estas propiedades incluyen tanto terrenos como viviendas en las ciudades de La Paz y El Alto.
Esta controversia es especialmente significativa ya que Bilbao es la principal promotora de un proyecto de ley que busca transferir la gestión de Derechos Reales del Órgano Judicial al Ejecutivo, específicamente al Ministerio de la Presidencia. Dicha iniciativa fue presentada el 4 de marzo y tiene como objetivo establecer la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP).
La legisladora ha defendido su propuesta basándose en denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de Derechos Reales. En marzo, Bilbao afirmó que hay casos de despojo de propiedades, falsificaciones de documentos y actos de corrupción, llegando a calificar el funcionamiento actual de la institución como un "robo diario". Sin embargo, estas afirmaciones son acusaciones de Bilbao y no han sido confirmadas por ningún proceso judicial.
Ante este panorama, el Consejo de la Magistratura ha expresado su oposición al proyecto de ley, advirtiendo que una transferencia de la administración de registros de propiedad al Ejecutivo podría poner en riesgo la seguridad jurídica y la protección de la información patrimonial de los ciudadanos frente a posibles influencias políticas. La institución ha instado a que cualquier reforma en este ámbito sea sometida a un análisis riguroso que incluya debates técnicos y constitucionales.
Reacciones y contexto
La situación de Claudia Bilbao se enmarca en un contexto más amplio de críticas hacia la gestión de los registros de propiedades en el país, donde persisten preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia de las instituciones involucradas.
