El Decreto Supremo 5701 propone una estrategia lógica: si hay capacidad ociosa en las refinerías bolivianas, es momento de importar crudo y activar estas instalaciones. Esta idea merece reconocimiento, sin embargo, el problema radica en que el petróleo también requiere pagos en dólares, una moneda escasa en la economía nacional.
A pesar de que la medida podría aumentar la oferta de combustibles, no aborda la raíz del problema que son las divisas. Además, no se encuentra un resguardo frente a la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo y del dólar. Para complicar aún más el panorama, se introduce un nuevo precio para los combustibles en un sistema que ya se asemeja a un menú de restaurante, con tarifas diferenciadas para distintos tipos de consumidores.
Cuando se presentan múltiples precios para un mismo tipo de combustible, surge la tentación de arbitraje, que consiste en comprar a precios bajos en el país y revender a precios más altos en el exterior. Aún está por demostrarse que el proceso de importar crudo, refinarlo en plantas relativamente pequeñas y luego distribuir los productos derivados resulte más económico que importar directamente gasolina o diésel.
En resumen, aunque el DS 5701 podría reactivar las refinerías inactivas, no resuelve el problema de la escasez de dólares ni controla la volatilidad de los mercados internacionales. Además, no aparece de la nada el petróleo boliviano que se espera.
Este decreto podría considerarse una solución temporal para una situación crítica, como un parche para un paciente que necesita una intervención mayor. Las soluciones a largo plazo deben incluir rediseños de precios que contemplen costos y efectos sociales, así como una reinversión en la exploración y producción de hidrocarburos.
El Gobierno ha estado promulgando decretos para abordar crisis inmediatas, pero es necesario tener una visión más amplia y estructural. La urgencia es evidente: Bolivia necesita combustible de forma inmediata para evitar el colapso económico y garantizar la cosecha agrícola. Sin embargo, es crucial recordar que ganar tiempo no se traduce en asegurar un futuro sostenible.
Es fundamental que Bolivia deje de gestionar emergencias y se enfoque en establecer un pacto energético nacional, que incluya condiciones estables, inversión, exploración, producción, transición energética y responsabilidad social. Los decretos pueden mitigar crisis momentáneas, pero no sustituyen la necesidad de construir una política energética sólida. Un país que se limita a apagar incendios puede perder de vista la construcción de un futuro mejor.
