En un contexto de confrontación con el Gobierno por la escasez de financiamiento para la justicia, Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitó convocar una Asamblea Constituyente. Su objetivo es incrementar el presupuesto para mejorar el sistema judicial en Bolivia, que actualmente enfrenta severas dificultades.
Saucedo argumentó que la propuesta del Gobierno de realizar reformas parciales a la Constitución a través del Legislativo podría provocar un estallido social en el país si no se incluyen las voces de todos los sectores. "Es fundamental abrir el debate sobre la Constitución y asegurar que todos participen, sin que solo los intereses políticos momentáneos dominen la justicia", expresó el magistrado desde Nueva Delhi, donde asiste a un foro internacional de cortes supremas.
La controversia surge en momentos en que el Órgano Judicial demanda un aumento en los recursos asignados a la justicia, que actualmente son apenas el 0,35% del presupuesto nacional. Saucedo ha solicitado que esta cifra se eleve al 5%, mientras que en el Legislativo se ha propuesto llevarla al 3%.
"Ha habido un interés de los políticos de tener un Poder Judicial debilitado. Porque al que es débil lo puede someter."
El presidente del TSJ también advirtió sobre cómo la precariedad de los recursos fomenta la corrupción dentro de un sistema que aún depende en gran medida de documentos en papel. Saucedo destacó que la digitalización puede ayudar a combatir estas prácticas corruptas, mencionando que ya se está implementando un programa piloto de asistencia basada en inteligencia artificial para jueces y litigantes.
El proceso de digitalización comenzó en Chuquisaca y se busca expandirlo a nivel nacional. Según Saucedo, esto permitirá que las personas accedan a los expedientes judiciales desde sus dispositivos móviles, facilitando el acceso a la justicia de manera más eficiente.
Finalmente, Saucedo afirmó que modernizar el sistema judicial es esencial para recuperar su independencia, especialmente tras años de influencias políticas que han afectado su funcionamiento. El reto es grande, pero la implementación de tecnologías podría ser clave para transformar la justicia en Bolivia.
