Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, ha sido objeto de controversia debido a la creciente inseguridad en Bolivia. En mayo, tras una serie de asesinatos en Santa Cruz, lanzó el Plan Halcón, prometiendo una lucha decidida contra la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, cuatro meses más tarde, reconoció que la situación sigue siendo crítica y que el país enfrenta una "ola de sicariatos".
El Plan Halcón fue presentado el 6 de mayo como un esfuerzo coordinado entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones para combatir el crimen. En ese momento, Oviedo calificó a Santa Cruz como el "epicentro" de crímenes violentos y se comprometió a erradicar estas actividades ilícitas.
A pesar de los esfuerzos, la violencia no cesó. Un informe de mayo señaló más de diez casos de sicariato y ajustes de cuentas tras la captura de Sebastián Marset, incluyendo asesinatos en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Uno de los incidentes más notorios fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, lo que evidenció la influencia de los grupos criminales en el país.
El 2 de septiembre, Oviedo admitió que existía una ola de sicariatos, reconociendo la gravedad de la situación. En respuesta, anunció el establecimiento de unidades especiales en la frontera con Brasil y una colaboración más estrecha con las fuerzas policiales de los países vecinos.
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema: hasta el 3 de septiembre, se habían reportado 46 muertes en 37 ataques relacionados con el sicariato. No obstante, las autoridades indican que no todos los casos están vinculados al narcotráfico, sugiriendo que muchos de estos delitos son resultado de disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas hacia Brasil.
Las declaraciones de Oviedo han generado dudas sobre su gestión. Al comienzo, prometió una ofensiva contra el sicariato y presentó el Plan Halcón como solución a la crisis. Sin embargo, ante la persistencia de los crímenes, tuvo que reconocer que se trata de una ola. La pregunta ahora es si las medidas implementadas están logrando algún efecto tangible en la reducción de la violencia.
Oviedo ha atribuido en parte la crisis actual a problemas heredados de administraciones pasadas. En julio, manifestó que los recientes crímenes eran resultado de dos décadas de crecimiento del narcotráfico, afirmando que Bolivia había sido "perforada" por estas redes criminales.
La situación plantea una interrogante crucial: si el Gobierno estaba al tanto desde mayo de la escalada de sicariatos en Santa Cruz y lanzó un plan para contenerla, ¿por qué cuatro meses después el propio ministro admite que la ola sigue activa?
