Este jueves, el Gobierno de Bolivia anunció que el presidente Rodrigo Paz ha enviado al Parlamento el acuerdo de un programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 1.900 millones de dólares, conocido como Ley 723, que busca respaldar reformas económicas en el país.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, indicó que el proyecto fue enviado la semana pasada y que se ha complementado con información adicional para facilitar su estudio por parte de los parlamentarios.
Morales también destacó que los legisladores tendrán acceso completo al acuerdo para entender sus impactos. Afirmó que los fondos del FMI contribuirán a aumentar las reservas internacionales de Bolivia y a estabilizar el tipo de cambio.
El acuerdo incluye 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), que equivalen a 1.900 millones de dólares. Esto ayudará a Bolivia a enfrentar los problemas fiscales y externos que han afectado al país en años recientes.
El repago de la deuda se establecerá hasta en 10 años desde cada desembolso, con una tasa de interés del 3,47%, que podría ajustarse según la cotización de los DEG, y comenzará a amortizarse a partir de cuatro años y medio después del desembolso, con disponibilidad de hasta 36 meses para recibir los fondos.
Este acuerdo, formalizado el 29 de julio, es parte de un esfuerzo mayor que busca atraer hasta 5.000 millones de dólares en financiamiento adicional de otros organismos internacionales, abordando una crisis económica que se ha intensificado en 2023 debido a la escasez de divisas y el aumento de la inflación.
Desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia en noviembre de 2022, el país ha implementado varias medidas para mejorar la situación económica, incluyendo el inicio de la devolución de ahorros en dólares y la adaptación a un régimen de tipo de cambio flexible, que ha permitido incrementar las reservas internacionales, que alcanzan los 4.255 millones de dólares al 14 de agosto de este año.
Entre las acciones comprometidas en el acuerdo se mencionan la racionalización del gasto público, el mantenimiento de un déficit fiscal sin financiamiento monetario, y el fortalecimiento de la gobernanza del Banco Central de Bolivia (BCB).
