En medio de las movilizaciones de productores, transportistas y organizaciones sociales que han bloqueado carreteras en protesta por el Decreto Supremo 5676, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, ha adoptado una postura que genera dudas. Aunque critica los efectos económicos del decreto, no se pronuncia claramente sobre la creciente agitación social en el país.
Ayllón ha reconocido que el DS 5676 afecta negativamente a los gobiernos locales, y el 25 de agosto expresó que el costo de Bs 18 por litro de diésel es insostenible, apoyando así la demanda de anulación de la norma. Sin embargo, mientras los sectores movilizados implementan medidas de presión, el gobernador no ha liderado una defensa activa de la ciudadanía ni ha exigido al Gobierno una solución pronta al conflicto.
A medida que las protestas se intensifican, con bloqueos registrados el 2 de septiembre en Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, la Policía ha enviado refuerzos y equipos antimotines para intervenir. Mientras tanto, diversos sectores continúan organizando nuevas movilizaciones en contra del decreto y las políticas económicas del Gobierno.
Ante esta situación, Ayllón opta por un enfoque institucional y ha convocado una reunión de gobernadores para el 10 de septiembre, donde buscará un consenso para solicitar a Rodrigo Paz una revisión del decreto. Sin embargo, surge la duda de si esta estrategia de esperar por reuniones es adecuada cuando el conflicto ya está afectando a miles de ciudadanos en las calles.
En junio, Ayllón demostró su capacidad de acción al reunirse con los movilizados en Chuquisaca y negociar un acuerdo para levantar bloqueos. No obstante, actualmente, frente a esta crisis nacional que se intensifica, su discurso es notablemente más cauteloso.
La contradicción en la postura política de Ayllón es evidente: por un lado, manifiesta su defensa hacia Chuquisaca, critica el alto precio del diésel y reclama al Gobierno, pero por otro, evita convertirse en una voz fuerte en contra de las decisiones de Paz, mientras la población enfrenta problemas como el aumento de precios y la escasez de combustible.
Las preguntas que surgen son: ¿Es una cuestión de prudencia? ¿Una estrategia política bien calculada? ¿O simplemente Ayllón prefiere no incomodar demasiado al Gobierno de Rodrigo Paz?
