Las autoridades gubernamentales están llevando a cabo una intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para desmantelar estructuras de corrupción relacionadas con el manejo de combustible. Esta medida surge tras la identificación de serias irregularidades en los sistemas de control y la existencia de un doble precio para los hidrocarburos, lo que propicia el mercado ilegal y el desvío de recursos.
El ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, detalló que uno de los problemas más críticos es la desconexión entre los sistemas de información de la ANH, lo que impide un seguimiento efectivo del combustible despachado a los surtidores. Sin esta conexión, la ANH no puede verificar si el volumen de combustible enviado es el que realmente se entrega en las estaciones de servicio.
Justiniano también subrayó que, aunque se ha establecido un precio único para el combustible, esto no ha garantizado su llegada a los pequeños productores. Aseguró que el enfoque del Gobierno está en asegurar que el combustible se destine a quienes realmente lo necesitan, y no en el acaparamiento por parte de unos pocos.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que su oficina recibe una denuncia cada ocho horas en promedio, ya sea en contra de YPFB o de la ANH. Esta situación coloca al sector hidrocarburos como el más denunciado por corrupción dentro del país. García también anunció que se están habilitando canales digitales para facilitar la presentación de denuncias de manera anónima.
Las autoridades también han indicado que hay investigaciones judiciales en curso, con imputaciones y acusaciones fiscales ya presentadas. La intervención no solo busca identificar a los responsables, sino que también tiene como objetivo reformar las estructuras que permitieron que las irregularidades prosperaran.
En consecuencia, se planteará la implementación de sistemas digitales que mejoren la trazabilidad en la distribución y comercialización de combustibles, garantizando así una mayor transparencia en el sector. Asimismo, se verificará el cumplimiento de los contratos firmados con empresas de transporte de combustible, los cuales son responsabilidad de YPFB, pero igualmente estarán bajo control público.
La intervención en YPFB y la ANH busca no solo investigar las denuncias de corrupción, sino también restablecer los mecanismos de control necesarios para asegurar el abastecimiento de combustible al mercado interno y a los sectores productivos del país.
Compromiso con el abastecimiento
Por último, Justiniano enfatizó que el objetivo es garantizar que el combustible esté disponible para todos los bolivianos, en especial para los pequeños productores y transportistas, quienes dependen de este recurso para su actividad diaria. El compromiso del Gobierno es restaurar la confianza en el sistema y eliminar las prácticas corruptas que afectan a la población.
