El Estado de Excepción implementado por el Gobierno boliviano logró liberar las principales carreteras del país después de más de 50 días de bloqueos. A pesar de esto, la medida extraordinaria no ha logrado calmar el descontento social, ya que nuevos grupos comienzan a organizar marchas y bloqueos en respuesta a la política económica del Ejecutivo.
La Confederación Sindical de Choferes ha manifestado que, una vez que finalice el Estado de Excepción, están listos para movilizarse debido a la escasez de combustible que afecta al sector. Lucio Gómez, su líder, criticó el Decreto Supremo 5676 y destacó que la situación en las estaciones de servicio ha empeorado, con filas aún más largas.
Otros sectores también están alzando la voz. Productores, transportistas y organizaciones campesinas han hecho públicas sus intenciones de adoptar medidas contra el mencionado decreto. En el Trópico de Cochabamba, se ha programado una marcha para el 4 de septiembre, mientras que la Federación Norte de San Julián ha anunciado bloqueos desde el miércoles.
El Gobierno asegura que el Estado de Excepción ha permitido recuperar la transitabilidad de las vías, y ha advertido que la Policía garantizará el cumplimiento de esta medida en caso de que el diálogo no surta efecto. Sin embargo, despejar las rutas no necesariamente soluciona las razones que llevaron a los sectores a protestar.
Con el Estado de Excepción vigente hasta el 20 de septiembre, el interrogante persiste: ¿realmente ha logrado el Gobierno desactivar la crisis o solo ha conseguido ganar tiempo al quitar los bloqueos de las carreteras?
