La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ha descubierto que un número considerable de empresas estatales tiene una deuda total aproximada de Bs 8.100 millones con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En muchos casos, estas obligaciones no se reflejan en los estados financieros de las empresas.
Pablo Camacho, director ejecutivo de la OFEP, declaró que este monto ha sido verificado a través del análisis de información proveniente de diversas entidades gubernamentales. La OFEP colaboró con el SIN, el Banco Central de Bolivia y otras instituciones para corroborar los datos sobre estas empresas.
Este hallazgo se incluye en un diagnóstico más amplio sobre la salud económica y financiera de 67 empresas estatales, un estudio que se realizó tras la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado. Según Camacho, la situación financiera de estas entidades no es homogénea; algunas han logrado generar utilidades, como YPFB, ENDE y Comibol, mientras que otras presentan pérdidas significativas.
Empresas en crisis
El informe de la OFEP también revela que más de 20 empresas están en una situación crítica, algunas incluso alcanzando la quiebra técnica. La información ya ha sido enviada al Ejecutivo para que sea considerada por el Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP). Camacho solicitó una reunión urgente para evaluar estas circunstancias.
Además, en un informe previo, la OFEP había señalado que 15 empresas estaban registrando pérdidas acumuladas que sumaban Bs 5.177 millones, representando el 42% de su patrimonio total. En conjunto, las empresas públicas acumulaban pérdidas cercanas a Bs 12.742,8 millones.
- Las empresas públicas recibieron Bs 18.227,6 millones en créditos.
- El saldo vigente de estas deudas asciende a Bs 16.273,4 millones.
- Las cuotas vencidas alcanzan Bs 1.182,9 millones.
Germán Molina, economista, sugirió que el Estado debería analizar el costo de mantener empresas que continúan operando en pérdidas en comparación con el costo de su cierre. Este análisis debería incluir responsabilidades laborales y la posibilidad de recuperar empresas que aún pueden ser productivas.
Finalmente, Camacho mencionó que el proceso de cierre de una empresa pública implica procedimientos diferentes a los de una empresa privada, pudiendo requerir la aprobación de decretos o leyes, dependiendo de la naturaleza de cada entidad.
