Ernesto Justiniano, el actual ministro de Defensa, se encuentra nuevamente en el centro de las críticas debido a la escasez de resultados concretos en la ejecución de las órdenes de aprehensión emitidas contra Evo Morales. A pesar de que el Gobierno mantiene un discurso firme en su contra, Morales continúa en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sus seguidores y esquivando las acciones legales en su contra.
Las críticas hacia Justiniano se intensifican, ya que en junio había declarado que Morales debía rendir cuentas ante la justicia por las bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el procedimiento para llevar a cabo estas aprehensiones parece estancarse, dejando en evidencia la incapacidad del Gobierno para cumplir sus propias promesas.
El Gobierno incluso planteó un plan de acceso al Trópico, en colaboración con el Alto Mando Militar y Policial, pero hasta el momento, Morales sigue en su fortaleza. Esta disparidad entre lo que se postula y lo que se logra resulta en cuestionamientos sobre la efectividad del manejo en la cartera de Defensa.
En agosto, Morales volvió a señalar que existía un operativo en su contra, acusaciones que fueron desmentidas por Justiniano, quien a su vez admitió que hay órdenes de aprehensión que deben implementarse de acuerdo a la Constitución y la ley. Mientras el Ministro se limita a hacer declaraciones y advertencias, las Fuerzas Armadas permanecen activas bajo un estado de excepción.
El desafío que enfrenta Justiniano es claro: debe demostrar que la estrategia del Ministerio de Defensa no se reduce a simples anuncios y despliegues militares, sino que es capaz de generar resultados tangibles. La permanencia de Morales en su refugio se convierte en un verdadero reto para el ministro y para la eficacia del Gobierno en la ejecución de sus decisiones.
