Los familiares de los militares involucrados en los eventos del 26 de junio de 2024 han manifestado su descontento hacia el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Ellos sostienen que muchos de los jóvenes en la movilización militar actuaron bajo órdenes de sus superiores, lo que ha llevado a cuestionar la imputación hacia estos subalternos.
Desde los días posteriores a la toma de la plaza Murillo, los allegados a los aprehendidos han exigido que la responsabilidad sea asignada de manera individual. Argumentan que los soldados no deberían ser juzgados por decisiones que, según ellos, estaban fuera de su control.
El foco de las críticas está en Zúñiga, a quien se le atribuye liderar el movimiento militar que movilizó tropas y vehículos blindados hacia la plaza Murillo. Según los familiares, los soldados, debido a su posición dentro de la jerarquía militar, se vieron obligados a cumplir órdenes.
De acuerdo con la Fiscalía, Zúñiga es el principal responsable del despliegue militar que generó tensión en el Gobierno en ese momento. Sin embargo, el exgeneral ha defendido su postura, rechazando las acusaciones y proponiendo una narrativa diferente de los hechos.
El juicio en curso busca establecer la responsabilidad de Zúñiga y de otros involucrados, distinguiendo entre aquellos que ejercían el mando y los soldados que actuaron bajo órdenes.