El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha abierto la puerta a una posible ampliación del estado de excepción vigente en respuesta a la continuidad de bloqueos y las advertencias de nuevas movilizaciones en contra del Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, mencionó que si las acciones de protesta que obstaculizan el libre tránsito persisten, el Gobierno podría considerar la extensión de esta medida excepcional. La intención del Ejecutivo es evitar que situaciones similares a las ocurridas en mayo y junio, donde los bloqueos causaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, se repitan.
Por su parte, José Luis Gálvez, vocero presidencial, aclaró que en este momento no es una prioridad la ampliación del estado de excepción. Afirmó que sigue vigente y que las autoridades deben hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes generen bloqueos en las carreteras.
El estado de excepción fue implementado por Paz el 20 de junio a través del Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que significa que su vigencia se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible ampliación necesitaría la aprobación de la Asamblea Legislativa, según lo indicado por especialistas en interpretación constitucional.
El debate se ha intensificado tras el reciente establecimiento de bloqueos en diferentes regiones y la convocatoria a nuevas movilizaciones. Un punto crítico es el puente San Pablo en la carretera Santa Cruz-Beni, donde productores mantienen acciones de protesta por tercer día y exigen la liberación de personas detenidas.
Desde la oposición y ciertos sectores legislativos han surgido críticas hacia el Gobierno. Algunos legisladores afirman que antes de considerar una extensión del estado de excepción, el Ejecutivo debe implementar efectivamente las medidas ya existentes. Por otro lado, desde el oficialismo se está promoviendo una propuesta para extenderlo por seis meses, citando la posibilidad de nuevos conflictos sociales y emergencias.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha resaltado que el estado de excepción es una medida temporal que no aborda las causas subyacentes de la conflictividad. En este sentido, subrayó la importancia de priorizar el diálogo y responder a las demandas que podrían provocar una nueva escalada de protestas.
Por el momento, la administración de Rodrigo Paz mantiene abierta la posibilidad de extender el estado de excepción, aunque no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. Esta determinación dependerá de la evolución de los bloqueos y manifestaciones en las semanas siguientes, así como de los procedimientos que establece la normativa para la prolongación de esta medida.
