Los 335 municipios del país han solicitado formalmente al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5676, argumentando que la norma no ha resuelto la problemática de escasez de combustibles y ha exacerbado situaciones como la especulación y la intermediación. Neptaly Mendoza, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcalde de Porongo, señaló que esta decisión fue respaldada por la Federación de Asociación de Municipios (FAM) de Bolivia.
Mendoza indicó que el decreto no ha garantizado el abastecimiento necesario de combustibles en las estaciones de servicio. "Las decisiones gubernamentales deben traer resultados positivos para la población, y lo que hemos observado es un aumento en la especulación y la falta de disponibilidad de combustibles", comentó.
Durante la reunión con el presidente Rodrigo Paz, se abordaron temas críticos como la crisis económica y la falta de carburantes, que amenazan con paralizar actividades productivas y de transporte. Mendoza destacó que es fundamental implementar reformas económicas y estructurales para abordar la crisis actual.
Propuestas para el Presupuesto 2027 y redistribución de recursos
En otra línea, los municipios discutieron la propuesta del '50/50' en el presupuesto general del Estado para 2027, que sugiere un nuevo esquema de distribución de los recursos provenientes de impuestos nacionales entre los diferentes niveles de gobierno. Mendoza destacó que esta reforma es crucial para mejorar la situación financiera de las gobernaciones y universidades públicas.
Además, Mendoza mencionó que se está solicitando la redistribución de aproximadamente 700 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron retenidos por el Gobierno, argumentando que estos fondos no fueron utilizados para su objetivo original de crear un fondo común para la exploración petrolera que no se llevó a cabo.
Por otra parte, se planteó la necesidad de reprogramar las deudas acumuladas por los gobiernos municipales y departamentales, dado que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Mendoza subrayó que la falta de recursos ha llevado a una acumulación de multas e intereses, lo que complica aún más la situación financiera.
Finalmente, los municipios reclamaron por las competencias transferidas que no vienen acompañadas de los recursos necesarios, lo que limita su capacidad para gestionar áreas críticas como la salud y la educación. Mendoza ejemplificó que el municipio de Porongo cubre gran parte de los costos de su sistema de salud, una responsabilidad que debería corresponder al nivel central.
