Las granjas de bots son un elemento crítico en las estrategias de desinformación y manipulación política en América Latina. Este fenómeno fue evidenciado recientemente en Bolivia tras la detención del argentino Fernando Cerimedo por intentar feminicidio, donde se descubrió una granja de bots asociada a su trabajo como consultor político.
Cerimedo, quien fue arrestado el 18 de agosto, había asesorado a figuras políticas como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz. Durante su captura, se incautó una granja de bots que aparentemente era utilizada para crear campañas de apoyo o desprestigio en redes sociales como X e Instagram, mediante cuentas automatizadas falsificadas.
Juan Marenco, director de la agencia Be Influencers y coautor de 'Los últimos humanos', describe a las granjas de bots como un "uso no humano de internet", donde un conjunto de computadoras simula ser usuarios para realizar acciones como comentar, generar contenido o visualizar publicaciones.
La investigadora Natalia Aruguete, de la Universidad Nacional de Quilmes, agrega que estas granjas consisten en cuentas automatizadas que se crean o compran y se distribuyen en varias direcciones IP, a veces utilizando chips de teléfonos móviles para validar las cuentas. Aunque los bots pueden tener funciones prácticas, su uso se torna problemático cuando se utilizan para distorsionar la información.
Marenco señala que investigaciones sugieren que más del 50% del tráfico en internet proviene de bots, lo que genera dudas sobre la autenticidad de las interacciones en línea. Estas identidades automatizadas también son usadas para aumentar artificialmente las audiencias en plataformas como YouTube, que son esenciales para los programas políticos.
Consecuencias éticas y legales de las granjas de bots
El uso de granjas de bots plantea dilemas éticos y legales. En Argentina, por ejemplo, no existe un marco normativo claro que prohíba su uso, lo que provoca un vacío legal en el que estas prácticas pueden prosperar. Marenco sostiene que, aunque se podría argumentar que tienen aplicaciones positivas, su uso predominante es antiético.
Por otro lado, Aruguete es más contundente al afirmar que el uso de esta tecnología es ilegal, dado que su objetivo es distorsionar la percepción pública sobre ciertos temas o actores, alterando así la realidad política y social.
