El Gobierno de Bolivia anunció que la reciente decisión de eliminar la subvención al diésel para grandes consumidores responde a un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de financiamiento que se está implementando en el país.
Durante una reunión entre el presidente Rodrigo Paz y varios funcionarios, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que el decreto 5676 es parte de las condiciones del FMI para ajustar los precios de los hidrocarburos, argumentando que la situación actual es insostenible y ha generado problemas de corrupción que afectan las finanzas del Estado.
Detalles del decreto y su impacto
El decreto, que entró en vigor el 17 de agosto, establece un nuevo precio de 18 bolivianos (aproximadamente 1,53 dólares) por litro de diésel para industrias y otros grandes consumidores. Esta medida fue implementada para garantizar el suministro de combustible, ante el aumento de la demanda y las largas esperas en las estaciones de servicio.
Sin embargo, esta medida no afecta al transporte público ni a los consumidores con un uso mensual de diésel inferior a 5.000 litros, quienes continuarán pagando 9,80 bolivianos (0,83 dólares) por litro. La decisión ha generado el rechazo de diversos sectores, incluidos agroindustriales y transportistas, quienes exigen la derogación del decreto.
- Bloqueos de carreteras realizados por productores de arroz en Santa Cruz y Beni.
- Despliegue de fuerzas militares y policiales para despejar rutas.
- Movilizaciones anunciadas por sectores agroindustriales en rechazo a la medida.
El expresidente Evo Morales también se ha manifestado en contra de esta medida y ha instado a sus seguidores a protestar, a pesar de que se encuentra en vigencia un estado de excepción desde junio.
Las largas filas de vehículos en busca de diésel se han vuelto una imagen común en varias ciudades, con conductores reportando esperas de días para poder abastecerse del combustible, lo que ha intensificado la crisis en el sector.
