El viceministro de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes, ha dado un giro en su postura respecto al Decreto Supremo 5676, confirmando que no será derogado. Esto ocurre después de que en Yapacaní se había anunciado su posible eliminación, generando confusión entre los sectores afectados.
Paredes declaró en La Paz que, aunque no se procederá a la abrogación del decreto, sí se contemplan modificaciones. "Es posible que lo vamos a modificar, pero no lo vamos a abrogar", aseguró, enfatizando que la decisión final dependerá de lo que decida el gabinete del Gobierno.
La normativa ha sido objeto de críticas por parte de productores y otros sectores, quienes argumentan que su aplicación afecta tanto el precio como el abastecimiento de diésel. Paredes explicó que se tiene un plazo de 48 horas para presentar un informe que incluya diversas alternativas a la situación actual.
Este cambio en la postura genera tensiones, especialmente con las comunidades movilizadas en Yapacaní, que habían interpretado el anuncio de abrogación como parte de un acuerdo para levantar bloqueos temporales en la región.
El viceministro subrayó que el propósito del decreto es correcto y que simplemente requiere ajustes para asegurar que los pequeños productores y el transporte público puedan acceder al combustible subvencionado. "Lo que hay que hacer es hacer ajustes para que eso sea efectivo porque ahorita no se están cumpliendo esos objetivos", concluyó Paredes.