Los productores de arroz de la región oriental de Bolivia han decidido unirse a la solicitud de derogación del Decreto Supremo 5676, que introdujo un nuevo régimen que beneficia a los grandes consumidores de diésel, quienes ahora deben pagar Bs 18 por litro. En contraste, el resto de los consumidores continuará pagando Bs 9,80 por litro.
David Pérez, presidente de la Asociación de Productores Arroceros del Beni y vocero del sector en Santa Cruz, expresó su preocupación por el impacto negativo que esta norma tiene en los pequeños productores, quienes se ven forzados a adquirir el combustible en el mercado ilegal a precios exorbitantes.
"Vamos a pedir la abrogación, no podemos tener unos bolivianos que tengan un beneficio y otros otro beneficio, no es correcto".
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se ha unido a esta demanda, pidiendo no solo la anulación del Decreto Supremo 5676, sino también la apertura de la importación y comercialización de carburantes. Otros sectores también han expresado su apoyo a esta iniciativa.
Pérez alertó que, después de la implementación de la norma, el precio del diésel ha superado los Bs 18 en el mercado, lo que ha llevado a que en el mercado negro el precio se sitúe entre Bs 14 y Bs 15, un aumento significativo que afecta gravemente a todos los productores agrícolas.
El dirigente mencionó que muchos revendedores están en las filas de las estaciones de servicio, ofreciendo llevar el combustible a las zonas productivas, pero a un costo mayor, a pesar de que ellos lo adquieren al precio regulado de Bs 9,80. Esto representa un claro perjuicio para los agricultores que necesitan acceder al diésel para sus actividades.
Ante esta situación, los productores de arroz están sosteniendo reuniones para definir posibles acciones de protesta. Hasta el momento, se han llevado a cabo encuentros en localidades como Yapacaní, San Juan, Puente de la Amistad y San Julián, con planes de continuar las deliberaciones en Guarayos y Casarabe.
Pérez concluyó que, aunque están en un Estado de excepción, las decisiones se tomarán en conjunto desde las bases de los productores, quienes han sido sorprendidos por la falta de socialización del decreto por parte del Gobierno, lo que ha generado una gran incertidumbre entre ellos.
