Este viernes, el presidente Rodrigo Paz celebró la reciente aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, destacando que uno de los cambios más significativos es que el Gobierno central se hará cargo de los pagos de los prediarios en las cárceles y del bono de vacunación. Hasta ahora, estos gastos eran cubiertos durante más de dos décadas por las gobernaciones a través de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
A través de sus redes sociales, el mandatario enfatizó que esta modificación implica una nueva forma de distribución de responsabilidades entre el Gobierno central y las entidades autónomas. “El Senado aprobó que desde ahora el Gobierno asuma el costo de los prediarios y el bono de vacunación, que por más de 20 años fueron financiados por las gobernaciones”, escribió Paz.
El jefe de Estado explicó que esta resolución está alineada con el modelo “50/50”, que tiene como objetivo redefinir las competencias del Gobierno nacional y las autonomías. “Reestructuramos las responsabilidades para que cada región pueda liberar recursos y destinarlos a su propio crecimiento. No se trata de repartir dinero, sino de transformar el funcionamiento del Estado”, afirmó.
El PGE Reformulado también incrementa en más de 7.400 millones de bolivianos el presupuesto nacional, alcanzando un total de 391.815,8 millones de bolivianos para este año. Esta norma busca fortalecer tanto la inversión pública como la privada, promoviendo la producción nacional y otorgando más herramientas financieras a los gobiernos departamentales y municipales.
Entre sus principales características, la ley permite a las alcaldías y gobernaciones sumar más recursos a sus presupuestos para llevar a cabo proyectos. Además, incluye una evaluación de empresas públicas deficitarias, con el fin de mejorar su sustentabilidad.
Asimismo, el PGE Reformulado introduce incentivos para la producción, como la exoneración del IVA durante cinco años para la importación de insumos, maquinaria y equipos para sectores clave como la agricultura, la industria, la construcción, el transporte y la minería. También otorga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la facultad de gestionar créditos externos de hasta 3.500 millones de dólares con organismos multilaterales y bilaterales, para garantizar la sostenibilidad fiscal y financiar proyectos estratégicos.
