La controversia en torno a los presuntos "sobresueldos" que algunos legisladores recibirían mediante una planilla paralela ha cobrado más fuerza después de las declaraciones de la abogada y excandidata Nadia Beller, quien hizo estas acusaciones tras sufrir un atentado armado.
Beller ha señalado a miembros del partido Libre y Unidad, aunque hasta el momento no ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones. La diputada de Libre, Lissa Claros, afirmó que hay un trasfondo de verdad en lo que dice Beller y recordó que ella misma había planteado denuncias similares anteriormente, convencida de que "han existido negociados".
Llamado a la transparencia financiera
Claros sugirió la necesidad de que los legisladores, así como sus familiares, levanten el secreto bancario. Manifestó que ella ha sido la única en poner este tema sobre la mesa en las sesiones, señalando que muchos parlamentarios parecen estar sometidos a intereses gubernamentales.
"He sido la única parlamentaria que he tenido el valor de denunciarlo en sesiones, se veía claramente que había un sometimiento de varios parlamentarios a intereses del Gobierno".
La diputada también mencionó que Beller afirmó que esos pagos se realizaban a través del jefe de bancada, lo que sugiere que hubo "instancias de negociación" entre algunos legisladores. Claros no dudó en nombrar a ciertos parlamentarios que, a su juicio, han cambiado su voto, sugiriendo que esto podría estar vinculado a intereses personales.
Desde el oficialismo, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, se unió al llamado de investigar las denuncias. Rada enfatizó que es fundamental investigar a fondo para no comprometer la reputación de todos los legisladores.
Claros concluyó que no se puede permitir que la integridad del parlamento se vea manchada por unos pocos. Hizo un llamado para que se realice una investigación seria sobre aquellos que pudieran haber traicionado la voluntad popular, enfatizando que este caso debe ser tratado con responsabilidad.
