El gobierno municipal de Santa Cruz ha confirmado la acusación formal contra la exsecretaria de Finanzas de la administración de Jhonny Fernández. Se le imputa por presuntamente haber usurpado funciones, lo que ha llevado a la decisión de solicitar su detención preventiva.
Alberto Vaca, director municipal de Transparencia, destacó que existen suficientes pruebas para justificar esta medida. "Lo que realmente ocupa al gobierno municipal es asegurar que se actúe de manera rigurosa, dado el nivel del delito", afirmó Vaca.
Desde la actual administración, se sostiene que no sería adecuado aplicar medidas cautelares menos severas, en contraposición a lo que había sugerido la Fiscalía. La representación legal del municipio busca proteger los recursos públicos y establecer un precedente sobre la responsabilidad en cargos de confianza.
En cuanto a la audiencia de medidas cautelares, el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Coplot, informó que se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto a las 10:00 horas ante la Juez Décimo de Instrucción en lo Penal.
Coplot aclaró que dado que se trataba de un cargo de confianza, al cesar la confianza, también deberían cesar las funciones de la exsecretaria. Sin embargo, la exfuncionaria continuó ejerciendo atribuciones de manera irregular durante al menos dos días después de que se le asignara a otra persona en su puesto.
Las investigaciones internas revelaron que durante ese tiempo, se registraron movimientos financieros no autorizados que suman alrededor de 55 millones de bolivianos, lo que ha generado mayor preocupación en la administración municipal.
Finalmente, Coplot advirtió que la solicitud de la Fiscalía no necesariamente se traducirá en una decisión favorable para la exfuncionaria, reafirmando que el municipio asistirá a la audiencia con la firme intención de pedir la detención preventiva.
