Omar Rilver Velasco Portillo, un analista destacado, ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que impulsa el Gobierno, señalando seis contradicciones que, a su juicio, podrían generar confusión respecto a su aplicación y objetivos.
Uno de los puntos que Velasco cuestiona es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) y el tiempo estipulado de 120 días para elaborar el Plan de Inversiones. Se pregunta sobre las funciones que esta agencia desempeñará en ese plazo y su efectividad en la promoción de inversiones.
Asimismo, el analista ha manifestado su inquietud acerca de los incentivos destinados a las empresas transnacionales, argumentando que el proyecto no establece requisitos mínimos sobre aspectos cruciales como la inversión, la creación de puestos de trabajo, la transferencia de tecnología, ni el retorno de divisas al país.
Las exenciones tributarias son otro aspecto que Velasco ha destacado, mencionando beneficios en IVA, Gravamen Arancelario y créditos tributarios sobre el IUE. Según su análisis, estas políticas podrían conllevar a una reducción significativa de los ingresos fiscales sin contar con mecanismos claros para mitigar este impacto.
Además, Velasco ha advertido que el proyecto podría facilitar que empresas extranjeras repatrien utilidades y dividendos sin establecer, de manera efectiva, requisitos mínimos de reinversión en Bolivia o protocolos que aseguren el retorno de dólares derivados de exportaciones.
Finalmente, el analista ha cuestionado la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, sugiriendo que la norma propuesta podría permitir la ratificación de contratos negociados por el Ejecutivo, algo que contradice las atribuciones constitucionales de la Asamblea en relación a los contratos del Estado.
Velasco concluye sus observaciones al expresar su preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno financie programas de crédito, garantías y coinversión con fondos públicos destinados al sector privado, lo que resulta problemático dadas las actuales condiciones de déficit fiscal que enfrenta el país.
