Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa, ha interpuesto una acción de libertad ante una sala constitucional en Cochabamba. Esta solicitud está relacionada con el caso de la masacre de octubre de 2003, un suceso trágico que marcó la historia reciente del país. A través de las redes sociales, se ha difundido información sobre este movimiento judicial.
Roberto De La Cruz, abogado constitucionalista y figura del movimiento alteño, ha expresado su rechazo a la acción presentada por Sánchez Berzaín. De La Cruz advierte que, de ser favorable la decisión judicial, podría desencadenar reacciones entre las comunidades alteñas y avivar la discusión sobre la agenda de octubre de 2003.
El abogado resaltó que los eventos de octubre de 2003 deben ser considerados a la luz de los delitos de lesa humanidad, argumentando que la acción de libertad no debería anular las repercusiones legales de dicho proceso. Además, hizo hincapié en que las familias de las víctimas y sus representantes deberían ser incluidos en este tipo de procedimientos judiciales, dado que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Este planteamiento legal de Sánchez Berzaín se produce en un momento donde busca restablecer su libertad, con el objetivo de regresar a Bolivia y, potencialmente, lanzarse como candidato a la presidencia del país.
