Gary Prado, abogado a cargo de la defensa, respaldó la demanda que busca justicia y compensación para más de 40 personas que, según su declaración, sufrieron daños durante los procesos judiciales conocidos como Terrorismo 1 y 2.
Prado enfatizó que aquellos que padecieron presuntas violaciones a sus derechos tienen el derecho legítimo de solicitar reparación. En caso de que se comprueben responsabilidades, los culpables deberían ser llevados ante la justicia. "La búsqueda de justicia y reparación es un paso necesario y quienes han infringido estos derechos deben asumir las consecuencias", puntualizó el abogado.
No obstante, el jurista también expresó su preocupación por la manera en que se presentó la denuncia, señalando que contiene errores formales y sustanciales que podrían llevar a su rechazo en el Ministerio Público. "Desafortunadamente, tres de las personas que debieron ser denunciantes han presentado una queja que, muy probablemente, será desestimada por la falta de elementos esenciales", añadió Prado.
Entre las críticas que realizó el abogado, destacó la inclusión de personas fallecidas en la lista de denunciados, lo que complicaría la posibilidad de asignar responsabilidad penal. "No se puede demandar a alguien que ya ha fallecido. Esto es un aspecto que debe ser reconsiderado", subrayó.
Prado concluyó que estos fallos en la presentación de la denuncia podrían obstaculizar el avance del caso en el sistema judicial. A pesar de las observaciones, el abogado diferenció entre la validez del reclamo de las víctimas y los problemas técnicos que presenta la denuncia en su forma actual.
