Con el estado de excepción vigente hasta septiembre, la discusión política en Bolivia se centra nuevamente en su posible ampliación. Algunos parlamentarios están abogando por extender esta medida por un periodo adicional de tres meses, aduciendo la persistencia de amenazas de movilizaciones y bloqueos que podrían poner en riesgo la estabilidad del país.
Entre los temas más debatidos está la orden de aprehensión contra Evo Morales. A pesar de que existe una orden emitida por la Fiscalía de Santa Cruz en relación a su papel en los 53 días de bloqueos que afectaron a Bolivia, los legisladores señalan que esta no se ha llevado a cabo. Esto ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, tanto de la Policía como del Gobierno de Rodrigo Paz.
Además, algunos parlamentarios han sugerido la necesidad de mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad, mencionando la opción de reactivar la presencia de la DEA en el país. También han planteado la creación de una ley antibloqueos que establezca mecanismos para que el Estado pueda responder efectivamente ante futuras interrupciones de carreteras que impacten el abastecimiento y la economía nacional.
Asimismo, los legisladores expresaron su preocupación por las condiciones laborales de la Policía, destacando que actualmente carece del equipamiento necesario para afrontar situaciones de conflicto y violencia.
Cabe resaltar que el marco regulatorio vigente permite que el estado de excepción se aplique por un máximo de 90 días, y cualquier prórroga requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa. En este contexto, aquellos que apoyan la extensión del estado de excepción sostienen que las amenazas de nuevos bloqueos y la situación en torno a Evo Morales justifican mantener estas medidas extraordinarias.
La pregunta que queda en el aire es si se debería extender el estado de excepción o si el Gobierno debería manejar estos conflictos con las herramientas que ya tiene a su disposición.
