El 8 de agosto de 2026, un juez penal de Santa Cruz ordenó la detención preventiva por un periodo de 180 días para siete individuos vinculados al asesinato del subteniente Yerson Salazar, un hecho trágico que tuvo lugar en San Matías, un municipio fronterizo.
La decisión judicial se tomó tras la presentación de una imputación formal por parte del Ministerio Público, que incluyó cargos de asesinato, organización criminal y tenencia ilícita de armas de fuego, de acuerdo con informaciones provenientes del ámbito judicial.
Los acusados fueron capturados en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Entre los aprehendidos se encuentran tres brasileños: Gustavo Martín Slobato, Gabriel González Mineiro y Arnaldo Morandín Junior, así como los bolivianos José Abrams Rivera, Teófilo Javier Alba, Rosa María Paniagua y Juan Silvestre Limpias.
La investigación señala que estos siete individuos podrían haber estado involucrados en la muerte del subteniente Salazar, quien fue reportado como desaparecido y hallado dos días después en una pista clandestina, parcialmente enterrado y con signos de haber sido quemado. Se sospecha que dicho lugar es un punto utilizado para operaciones de tráfico de drogas hacia Brasil.
Además, las autoridades están indagando la posible conexión de los detenidos con redes de narcotráfico internacional y su relación con el narcotraficante Sebastián Marset. Esta relación será evaluada a medida que avance la investigación.
En el mismo contexto, cuatro bolivianos perdieron la vida en Brasil durante un operativo de la Policía Militar, en un enfrentamiento armado relacionado con el caso y un intento de fuga comandado por José Mariano Paz Chávez, alias "Piña", quien también está bajo la mirada de la investigación por el asesinato del subteniente Salazar.
Mientras en Bolivia se conmemoraba el Día de la Patria, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto a las autoridades policiales de Santa Cruz, dio a conocer la detención de los siete individuos y el decomiso de armamento de gran calibre que, según las investigaciones, habría sido utilizado para confrontar a la Policía Boliviana en la zona fronteriza.
Con esta resolución, los imputados permanecerán bajo custodia durante los próximos 180 días, periodo en el que se continuarán las indagaciones para determinar su rol en el crimen del policía y sus posibles lazos con organizaciones delictivas en la frontera con Brasil.
